Los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, acompañados por los diputados Leonidas Romero (RN) y Manuel Monsalve (PS), ingresaron una presentación a la Contraloría Regional denunciando conflicto de intereses, evitar pagos de indemnizaciones laborales y dañar el patrimonio fiscal contra el director subrogante de la CAJ del Biobío, Gonzalo Contreras.

Para el diputado Manuel Monsalve, quien acompañó a los dirigentes de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío a la Contraloría, la acción contiene “tres elementos graves que también obligan a decisiones al Ministro de Justicia. Hernán Larraín”, dijo antes de enumerar:

“Primero: No puede haber conflictos de interés y la presentación demuestra con mucha claridad que el señor Gonzalo Elgueta, miembro del directorio, y el señor Gonzalo Contreras, director subrogante, tienen un conflicto de interés: compartían oficina profesional, tenían intereses comerciales conjuntos, por lo tanto, a la hora de tomar la decisión de nombrar al director subrogante de la CAJ o a la hora hacer una investigación sumaria para determinar responsabilidad, allí, no está claro que se protege el interés general de la Corporación, sino que claramente hay un conflicto de interés que no ha sido zanjado y que afecta a la Corporación”, enfatizó.

Agregó que, en segundo lugar, “hay dos elementos extras” que le parecían “graves: la evidencia que el director subrogante tomara decisiones para evitar” que se cumpliera un fallo de la justicia laboral de pago de indemnizaciones a funcionarios debido a que, “por decisión propia, ha buscado vaciar las cuentas para evitar cumplir con un fallo judicial que busca respetar los derechos del trabajo”.

Agregó que en “tercer lugar, hay una conducta negligente, que ha producido daño al patrimonio de la corporación, por lo tanto, esta presentación que hacen los funcionarios contienen irregularidades graves que me parece que la Contraloría y el ministro deben pronunciarse”, finalizó.

Esta acción de los trabajadores no es la primera en su tipo, ya en diciembre del año pasado, esa vez junto al diputado Leonidas Romero, concurrieron a la Contraloría en procura de fiscalización al ente gubernamental.

El abogado Marcelo Inostroza, presidente de la AFUN BIOBIO, señaló que “la denuncia se da en un minuto particularmente complejo, indicando, que para nadie es novedad las paupérrimas condiciones en que trabajan sus funcionarios, las que hoy se ven acuciadas, por la contingencia sanitaria y ausencia de medios. En ese contexto, preocupa aún más la deficiente gestión de sus autoridades”.

A juicio de la asociación sindical, las situaciones denunciadas afectan a sus representados, pues inciden directamente en el servicio que prestan a sus usuarios.

“Una de ellas, en el contexto COVID19, es que de más de 160 unidades repartidas en las 6 regiones en las que tiene presencia el servicio, no más de 15% de ellas estarían en condiciones de volver al trabajo presencial”.

La presentación ante la Contraloría regional acusa actos que, de ser acreditados por el ente contralor, comprometerían la gestión del actual Director General de la CAJ, quien en carácter de suplente ya suma dos años en el cargo.

“Los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial no podemos permanecer impávidos ante situaciones que, en definitiva, comprometen el acceso a la justicia de la gente más necesitada de nuestra región”, concluyó Marcelo Inostroza.