El devastador panorama que advierten las Corporaciones de Asistencia Judicial

Por Marcelo Inostroza, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ).

La cuenta pública del MINJU, conocida a fines de mayo, evidencia una vez más una realidad ya consuetudinaria: la ausencia de una política permanente y de largo aliento del Estado en torno al rol que deben cumplir las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) en el sistema judicial chileno.

Estas instituciones se yerguen como los operadores más importantes del sistema judicial. No obstante lo anterior, cuando se trata de recursos permanecen, son relegadas a un plano absolutamente secundario. Hemos conocido varios proyectos que han pretendido generar una nueva institucionalidad y ninguno de ellos se ha materializado por falta de financiamiento.

Desde su establecimiento, en 1981, se han ido sumando a las CAJs distintas líneas de servicio que, parcializadamente, se han hecho cargo de ámbitos relevantes en la materia. Primero fue la reforma en materia de familia, luego las oficinas de Defensa Laboral y hoy se agregan los programas Mi Abogado, que aborda la atención de niños, niñas y adolescentes y de Asistencia a Adultos Mayores (PAM), cada uno de estos con miradas técnicas particulares, denotando la carencia de una visión sistémica y estandarizada que dé respuesta uniforme y contundente a la creciente demanda de justicia de los sectores más desposeídos del país.

El presupuesto destinado a las Corporaciones, desde su creación, no ha experimentado aumentos significativos, salvo los destinados a solventar algunas de las nuevas líneas de atención, manteniendo así la precariedad de medios presentes desde de sus inicios. Sirva como antecedente que el presupuesto actual solo cubre el 90% de los requerimientos institucionales, no contemplando partidas para mayor dotación, nueva infraestructura o mantención de la existente. De hecho, las horas profesionales de atención son subvencionadas año a año por las prácticas profesionales de los postulantes al título de abogado que, en términos generales, corresponde a dos tercios de la fuerza laboral de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país.

En ese escenario, hoy se anuncia la creación de un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que adiciona a la oferta existente las líneas de Defensoría de Víctimas y de Derechos Humanos, sin considerar nuevos flujos económicos que permitan asumir con propiedad la envergadura de la propuesta. El estudio financiero que se acompaña al proyecto de ley solo contempla un ítem para financiar la Dirección Nacional, que liderará a las cuatro Corporaciones, las que se mantienen administrativamente como macro zonas. A su vez, la Defensoría de Víctimas fusionaría Centros de Atención de Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) en las CAJ y el Programa de Apoyo a Víctimas dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Debe tenerse en cuenta que estos programas, en conjunto, atendieron el año 2019 a 75.000 personas. Ello es relevante pues el Proyecto en discusión amplía su radio de acción a todo el catálogo de delitos los que, de acuerdo a la información que proporciona el “Boletín Estadístico del Ministerio Público” año 2019, correspondieron ese año a 1.508.350 atenciones. Huelga profundizar en cualquier comentario.

Sumemos a ello el esfuerzo adicional que implicará, más temprano que tarde, hacer frente a la sobredemanda que emergerá una vez concluida la pandemia. Situación ya relevada por otros actores relevantes del sistema judicial chileno, quienes han compelido al Estado para que provisione recursos que permitan hacer frente a esta inminente avalancha. Así las cosas, de prosperar esta iniciativa legal, sumado a esta última contingencia, para las Corporaciones de Asistencia Judicial el panorama es simplemente devastador.