En tres minutos y medio AFUN Biobio te explica por qué te necesita para sus logros, luchas y desafíos

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Desde nuestra fundación en abril de 1997, pasando por logros como la modernización del servicio, ley de incentivo al retiro, asignaciones por desempeño y zonas extremas y aumento del 10% de remuneraciones hasta nuestro rol como socios fundadores de la FENADAJ y protagonistas de la movilización más larga del sector público en Chile. En este video de 3 minutos y medio repasamos nuestra historia para que juntos sigamos haciendo crecer esta familia AFUNCAJ Biobio.

AFUNCAJ Biobio: quiénes somos y qué hacemos

Expulsión de extranjeros: la nueva agenda que se toma a la CAJ

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Por Graciela Rodríguez Vallejos

Abogada Auxiliar. Oficina Penal Infraccional. Concepción Centro.

Nuestro país ha sido actor en distintos procesos migratorios a través de su historia desde la época de la colonización. Mientras en el siglo XX contribuyeron a la formación de nuestra nación inmigrantes europeos como croatas, italianos, ingleses, alemanes, griegos, etc, en tiempos actuales lo son ciudadanos de países latinoamericanos que ven en Chile un país estable y próspero, muy atractivo para superar los niveles de pobreza y subdesarrollo que, en algunos casos, llegan a ser dramáticos.

En la última década Chile ha acogido un gran número de inmigrantes, principalmente venezolanos, haitianos, peruanos, bolivianos y colombianos, y otros en menor número como cubanos y ecuatorianos. Según datos del Departamento de Extranjería y Migración la población inmigrante en este período se quintuplicó, alcanzando aproximadamente 1.5 millones de extranjeros en en país.

Chile ha adoptado como decisión política histórica una postura de “puertas abiertas” respecto del fenómeno migratorio, razón por la cual el aparato estatal debe hacerse responsable de las múltiples necesidades que este grupo humano demanda. Consecuencia de lo anterior es que la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ha asumido un rol relevante adquiriendo, en consecuencia, responsabilidades dentro del marco de nuestras atribuciones y funciones con miras a satisfacer, quizás uno de los mayores anhelos de todo ser humano: acceso a la Justicia.

En ese contexto las CAJs ponen a disposición de los interesados diversas herramientas de ayuda en sus múltiples líneas de acción. Posibilitando así una respuesta eficaz a los múltiples requerimientos de toda persona que lo demande, tanto chilenas como extranjeras.

Algunas de las gestiones que se pueden desarrollar en nuestra institución son Penal Infraccional (derechos de consumidor, negligencias médicas, infracción a la ley de tránsito, eliminación de antecedentes penales, copropiedad, etc); Familia (relación directa y regular, alimentos, divorcios, cumplimiento, etc); Civil (indemnización de perjuicios, juicios ejecutivos, arrendamiento, juicio ordinario, ley samudio, etc); Laboral (despido injustificado, tutelas, etc); Atención de Víctimas (delitos, sexuales, violencia intrafamiliar en materia penal, etc); Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (asumir defensa de niños que se encuentran en residencias del Sename); Adulto Mayor (vulneración, discriminación por el hecho de ser adulto mayores) y, ahora, a partir de la nueva legislación, será materia obligatoria Extranjería y Migración. 

En este contexto es que la CAJ, desde el año 2019 de manera proactiva, aborda distintas cuestiones vinculadas al derecho de los migrantes desde materias relacionadas con expulsiones de extranjeros ilegales, presentando los primeros Recursos de Amparo en busca de declarar contrarias a derecho y/o arbitrarias las expulsiones decretadas por la autoridad administrativa en aquellos casos que no se cumplía con el debido proceso.

Han sido los propios inmigrantes, a través de sus distintas organizaciones, quienes nos han convocado a asumir este desafío profesional como institución.  

Lo anterior ha acarreado, evidentemente, un incremento de usuarios ya que la cantidad de extranjeros con orden de expulsión y/o con temas de regularización pendiente, cualquiera sea su forma de ingreso a nuestro país, han aumentado en gran cantidad por cuanto, en particular las autoridades de turno, han llevado adelante una política institucionalizada de deportaciones masivas como instrumento de regulación para la llamada “ Inmigración ilegal”, sin tener en consideración que con ello se vulneran importantes garantías humanitarias, reconocidas a través de diversos convenios internacionales suscritas por nuestro país. Una de las circunstancias más violentas que importan acciones como la deportación masiva es que el afectado que vuelve a su país de origen es considerado en este un traidor, con todas las consecuencias legales, sociales y de seguridad personal.

Frente a nuestra legislación del año 1975, podemos decir que el actual incremento de usuarios se ha profundizado con la nueva ley de Migración 21.325 que, en su artículo 8 transitorio plenamente vigente, otorga un plazo de 180 días para regularizar la situación migratoria, antes de ser obligado a abandonar el país sin sanciones ni multas, con la posibilidad de volver a ingresar, pero de manera legal.

En la práctica, hablando de personas que dejan una vida en su país de origen y que se les obliga nuevamente a regresar a ellos sin un apoyo para recomenzar en condiciones mínimamente dignas, finalmente se ven enfrentadas a expulsiones que los exponen a peores condiciones que aquellas que originalmente los llevaron a tomar la decisión de abandonar su país.

Todo lo anterior adquiere un nivel de extrema gravedad, cuando, producto de este modus operandi de deportaciones masivas “individuales”, se producen separaciones familiares, generando un drama humano respecto del cual la regularización actual no contempla solución alguna. Las deportaciones no involucran al núcleo familiar, por lo que eventualmente nos vemos enfrentados a madres expulsadas que se quedan con sus hijos en Chile debiendo ellos luchar para salir adelante con aún mayores limitaciones por la falta de apoyo que, en algunos casos, se ve aún más complicada por la barrera idiomática.

Debemos señalar que las materias relacionadas con migración son de reciente estudio en Chile y, por lo mismo, de una permanente evolución. Esto nos obliga a estar permanentemente atentos a los cambios del marco regulatorio. Por lo mismo, es menester entregar a los funcionarios de las CAJs las herramientas necesarias para entregar un servicio de calidad a los inmigrantes a quienes se les puedan estar vulnerando sus derechos.

En la mediada que nuestros funcionarios tengan el conocimiento y las herramientas apropiadas es que podremos atender satisfactoriamente a nuestros usuarios inmigrantes ante eventuales vulneraciones de derechos por parte del Estado de Chile.

Por esto es necesario invitar a los trabajadores de las CAJs a involucrarse y empatizar con este nuevo desafío profesional, el cual demanda estudio por tratarse de materias nuevas, como también desplegar otras habilidades profesionales en post del fin último que nos convoca como es el acceso a la Justicia. Esto requiere de parte de nuestra institucionalidad mayor compromiso para, a través de capacitaciones y contratación de nuevos profesionales, se sigan desarrollando iniciativas tendientes a que este deber de amparo y protección por parte de la CAJ se materialice, como es su compromiso.

El devastador panorama que advierten las Corporaciones de Asistencia Judicial

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Por Marcelo Inostroza, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ).

La cuenta pública del MINJU, conocida a fines de mayo, evidencia una vez más una realidad ya consuetudinaria: la ausencia de una política permanente y de largo aliento del Estado en torno al rol que deben cumplir las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) en el sistema judicial chileno.

Estas instituciones se yerguen como los operadores más importantes del sistema judicial. No obstante lo anterior, cuando se trata de recursos permanecen, son relegadas a un plano absolutamente secundario. Hemos conocido varios proyectos que han pretendido generar una nueva institucionalidad y ninguno de ellos se ha materializado por falta de financiamiento.

Desde su establecimiento, en 1981, se han ido sumando a las CAJs distintas líneas de servicio que, parcializadamente, se han hecho cargo de ámbitos relevantes en la materia. Primero fue la reforma en materia de familia, luego las oficinas de Defensa Laboral y hoy se agregan los programas Mi Abogado, que aborda la atención de niños, niñas y adolescentes y de Asistencia a Adultos Mayores (PAM), cada uno de estos con miradas técnicas particulares, denotando la carencia de una visión sistémica y estandarizada que dé respuesta uniforme y contundente a la creciente demanda de justicia de los sectores más desposeídos del país.

El presupuesto destinado a las Corporaciones, desde su creación, no ha experimentado aumentos significativos, salvo los destinados a solventar algunas de las nuevas líneas de atención, manteniendo así la precariedad de medios presentes desde de sus inicios. Sirva como antecedente que el presupuesto actual solo cubre el 90% de los requerimientos institucionales, no contemplando partidas para mayor dotación, nueva infraestructura o mantención de la existente. De hecho, las horas profesionales de atención son subvencionadas año a año por las prácticas profesionales de los postulantes al título de abogado que, en términos generales, corresponde a dos tercios de la fuerza laboral de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país.

En ese escenario, hoy se anuncia la creación de un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que adiciona a la oferta existente las líneas de Defensoría de Víctimas y de Derechos Humanos, sin considerar nuevos flujos económicos que permitan asumir con propiedad la envergadura de la propuesta. El estudio financiero que se acompaña al proyecto de ley solo contempla un ítem para financiar la Dirección Nacional, que liderará a las cuatro Corporaciones, las que se mantienen administrativamente como macro zonas. A su vez, la Defensoría de Víctimas fusionaría Centros de Atención de Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) en las CAJ y el Programa de Apoyo a Víctimas dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Debe tenerse en cuenta que estos programas, en conjunto, atendieron el año 2019 a 75.000 personas. Ello es relevante pues el Proyecto en discusión amplía su radio de acción a todo el catálogo de delitos los que, de acuerdo a la información que proporciona el “Boletín Estadístico del Ministerio Público” año 2019, correspondieron ese año a 1.508.350 atenciones. Huelga profundizar en cualquier comentario.

Sumemos a ello el esfuerzo adicional que implicará, más temprano que tarde, hacer frente a la sobredemanda que emergerá una vez concluida la pandemia. Situación ya relevada por otros actores relevantes del sistema judicial chileno, quienes han compelido al Estado para que provisione recursos que permitan hacer frente a esta inminente avalancha. Así las cosas, de prosperar esta iniciativa legal, sumado a esta última contingencia, para las Corporaciones de Asistencia Judicial el panorama es simplemente devastador.

Justicia sin vuelta atrás

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Por Marcelo Inostroza, presidente AFUNBiobío y vicepresidente FENADAJ

Hoy se discute idea de legislar “un nuevo” Servicio Nacional de Acceso a la Justicia” y “Defensoría de víctimas” y de prosperar la iniciativa, 19.000.000 millones de chilenos serán nuevas víctimas de la improvisación y el descriterio.
Llevamos 40 años esperando porque se nos entreguen las herramientas para llevar una justicia mejor y más expedita a los más vulnerables.
Nosotros, los profesionales, técnicos y administrativos de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, no salimos en las fotos, no anunciamos los nuevos proyectos. No, NOSOTROS ESTAMOS, TODOS LOS DIAS, EN LA TRINCHERA, defendiendo a los que tienen sed de Justicia y alzamos la voz por ellos y hoy no será la excepción.
Parece que para unos pocos es rentable que la Justicia no se ponga pantalones largos.
Parece que para unos pocos, los más poderosos, es una buena noticia el statu quo.
Sépanlo los pocos: los muchos no lo aceptaremos!!!
Y después no entienden el descontento…
La verdadera pandemia es el ninguneo institucionalizado de las necesidades de nuestra gente. Una costumbre nacional que erradicaremos. Ese camino ya ha comenzado y no habrá vuelta atrás….

Justicia igualitaria

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Por Igor Pérez Veloso, Director Regional VIII AFUN BIOBIO 

Desde el retorno a la democracia en nuestro país, se han llevado a cabo diversas reformas en el área de la Justicia. Independiente de su origen o forma de implementación, todas han sido, y son, parte de un proceso que, en nuestra opinión, aun no avizora su conclusión, en términos de poder afirmar y sostener que Chile tiene asentado un nuevo sistema de justicia.  

Este proceso ha alcanzado el grado de desarrollo que actualmente exhibe por diversas causas, siendo la principal el capital humano con que ha contado y cuenta, dado en su mayoría por funcionarias y funcionarios del ámbito público, resultando relevante también la visión y el aporte de la  Academia. 

Dentro de  este capital humano hay un  estamento  muy poco considerado y casi invisible  a  la  orgánica y cifras que se manejan, pero  que  tiene una función  específica,  ni más ni menos  que  ser el  principal medio  por el cual  en nuestro país se da cumplimiento a la garantía  constitucional  del igualitario acceso a la justicia (asegurar EL ACCESO A LA JUSTICIA   de las personas   que no tienen los medios para ello), cuestión que recae en los 2056 funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial.     

Mañana, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia votará un proyecto de Ley que contiene una iniciativa del gobierno, tendiente a crear un nuevo sistema de acceso a la justicia. 

Dicho   proyecto, que esta lejos de crear un nuevo y mejor servicio, no se condice en nada   con el proceso en desarrollo. Su aprobación implicaría un retroceso en un área tan sensible y delicada, como lo es la asistencia jurídica a los más desposeídos, cuestión que, a no dudar, quedará en evidencia en el corto plazo; pero corregir lo mal hecho implicará una espera significadamente mayor para los usuarios del servicio, se insiste, las personas más débiles de nuestro país.   

El Ejecutivo   aún está a tiempo para hacer lo que otros gobiernos no hicieron: abordar con seriedad   la forma en que las CAJ están prestando sus servicios.   

Como aperadores del sistema -forma  con que con tanta  naturalidad  se  nos refiere- independiente  de  la  tendencia o color político de que  provenga, seremos aliados  de cualquier iniciativa  seria que garantice de mejor manera el acceso igualitario a la justicia  y opositores de todas aquéllas iniciativas que no vayan en ese espíritu y sentido, como el actual proyecto. 

A un año del 18-OCT: Sin líderes, propuestas ni estrategias

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¿Quién podría desconocer el rol de las RRSS como brazo armado de las comunicaciones del 18 de octubre chileno? Pero a un año del #chilerdespertó, este inmenso canal que levantó #lamarchamásgrandedeChile después de #nofueron30pesosfueron30años dando cátedra de la organización social para proyectar el #chileresiste parece, hoy, haber quedado efectivamente en #cabrosestonoprendió.

Y lo pienso desde 3 frentes:

De Propuestas: convengamos que los dos hitos políticos más concretos de este año, como son #AsambleaConstituyente y #retirodefondosprevisionales fueron arengas previas al estallido y que sólo se redireccionaron en las RRSS post #Covid19.

De Estrategias: porque sino fuera por la necesidad de las miles de #OllasComunes de Chile de estar en las redes, este ítem sería inexistente en la reconstrucción del tejido social glorificado desde las RRSS.

Y de Liderazgos: retorna Longueira, rankean Jadue, Lavín y Mathei e independientes, como siempre, siguen sin tribuna fuera y dentro de las redes.

Así, en un contexto comunicacional vacío de contenido político por una parte, y de alta inoculación de tecnologías, por la otra (77% tienen acceso a internet, 71% usa RRSS -Digital News Repor- y 91.9% tiene acceso a datos móviles -OCDE-), la lección a un año del estallido social chileno es una paradoja: a mayor tecnología de la información, menor tejido social.

Giglia Vaccani

Un buen ejemplo de ello es el epílogo de este primer año del #chilecambió y que representa la campaña del #plebsicito2020, basada en estrategias de marketing digital y métricas donde el discurso breve y provocador, sin contenido, reduce la semiótica de la recostrucción del #nuevochile a bandos en constante descalificación y enfrentamiento; divididos entre pasado y presente; fachos y zurdos; pinochetistas y progres, y un largo etc de hashtag y símbolos del Chile fracturado en dos y del que no hemos podido zafar, en 50 años, pese a los altos estándares de acceso a Tecnologías de la Información para garantizar el desarrollo humano.

Pero, en la Sociedad de la Información, un desarrollo tecnológico garantizado por un Estado y sus entidades económicas afines sin acompañamiento de políticas públicas de alfabetización digital-ciudadano no podrá conducir sino a comunidades más atomizadas y divididas.

Y sin comunicación, análoga o digital, no hay escucha ni diálogo que permita la mancomunidad.

Así, en un espacio de alta infoxicación como son las RRSS, el brazo armado comunicacional del 18 de octubre ha terminado por transformarse en la anticomunicación, con redes saturadas de información, nulas herramientas para diferenciar verdad de mentira y desbordado del populismo digital de los hashtag, más susceptubles a las georeferenciaciones y tendencias grupales que a las ideas y propuestas de nacion país.